El 11 de diciembre de 1997 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adoptó en Kioto, Japón, un protocolo que sentaría las bases de los posteriores acuerdos internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Años más tarde, cada cumbre (Montreal, Copenhangue, Cancún, Durban, pasando por París y la última convención celebrada en Madrid) ampliaba los compromisos de los países firmantes para reducir su huella de carbono. Hasta aquí la teoría. Sin embargo, en muchos casos la teoría y la realidad son bastante distintas. En la práctica, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático alertaba en noviembre de 2019 de que solo un 20% los 184 países que se habían comprometido a realizar planes de recorte en el Acuerdo de París estaban cumpliendo con su cometido.
¿Por qué algunos países hacen los deberes y otros no? ¿Por qué, más allá del sistema de pagos por emisiones de la Unión Europea, ningún país se ha visto obligado a comprometerse por ley combatir la contaminación atmosférica? Parece que los acuerdos a los que se llegan son pura y llanamente papel mojado.
Los acuerdos climáticos no son directamente vinculantes
La cuestión radica en que, a pesar de que los acuerdos son ratificados por los países firmantes, su vinculación no es inmediata, sino que cada país define qué tipo de acciones llevará a cabo para cumplirla. Por eso los compromisos adquiridos en marcos internacionales tienen el riesgo de naufragar en un maremágnum de políticas ambiguas y con un efecto más que discutibles. Incluso el Acuerdo de París, firmado por 195 países en 2015 para limitar el calentamiento global a 2ºC a final de siglo, bautizado como ‘el primero vinculante’, tiene una “letra pequeña” que aclara que, es un acuerdo marco híbrido entre “acuerdos generales vinculantes y contribuciones vinculantes a nivel nacional”.
Y el planeta no es el único que lo sufre, sino que los ciudadanos también se ven afectados por este escaso empeño por parte de los gobernantes. Fue precisamente esta falta de un compromiso firme y la necesidad de proteger a los ciudadanos de la contaminación atmosférica la que llevó en 2012 a la ONG neerlandesa Urgenda a exigir al Gobierno de su país un compromiso firme para reducir sus emisiones en 2020 hasta un 40% con respecto al año 1990 (la fecha elegida en el Protocolo de Kioto y las sucesivas cumbres del clima).
Medidas reales contra el cambio climático
“Enviamos una carta al Gobierno notificándoles que tenían la obligación legal de proteger a sus ciudadanos ante las amenazas del cambio climático. Nos respondieron alegando que entendían que este era un problema real, una amenaza peligrosa por la que se debía trabajar más, pero que por el momento podía tomar medidas adicionales [para acelerar la descarbonización]", comenta a National Geographic España Denis van Berkel, asesor jurídico de Urgenda, en una conversación telefónica.
La respuesta gubernamental motivó que la ONG diera paso al frente: realizaron un llamamiento público a la ciudadanía para llevar al mismo Gobierno del país ante la justicia. “En 2013 registramos el caso ante el Tribunal de la Haya, y abrimos el caso a quien quiera colaborar. Un total de 886 personas se habían unido para demandar al Estado por no cuidar la salud de sus ciudadanos”, asevera van Berkel.
Más de 850 personas se unieron para demandar al Estado por no cuidar la salud de sus ciudadanos
Y la justicia les dio la razón. El tribunal regional alegó que las políticas medioambientales del Gobierno de los Países Bajos encaminaban a una reducción de en 2020 de un 17% de los gases de efecto invernadero, mientras que el país tenía "margen suficiente como para reducir ese porcentaje, como mínimo, en un 25%” apunta el asesor jurídico.
La decisión causó un cierto revuelo en los medios de comunicación. El Gobierno manifestó que tenía un “claro compromiso por reducir de forma significativa las emisiones", incluso se comprometió a revisar su hoja de ruta, pero manifestó que recurriría la decisión el tribunal regional ante la Corte de Apelación de la Haya. Esta, el 9 de octubre de 2018 volvió a fallar a favor de Urgenda, y el Gobierno volvió a apelar, esta vez ante el Tribunal Superior de Justicia de los Países Bajos, la última instancia judicial del país. Para sorpresa de propios y extraños este tribunal volvió a dar la razón a la ONG. Este año, los Países Bajos deberán reducir SÍ o SÍ sus emisiones de gases de efecto invernadero AL MENOS un 25% .
Los Países Bajos tienen desde ahora, por imperativo legal, la obligación legal de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 25%
Así pues, “la resolución del Tribunal Supremo es de obligado cumplimiento, y contra ella no se puede recurrir. El Gobierno ha agotado el margen de maniobra, ahora no le queda más remedio que acatar la sentencia”, afirma van Berkel.
El primer caso del mundo
Urgenda, explica el abogado, no es la primera ONG del mundo que consigue llevar a un Gobierno a los tribunales por un tema medioambiental, pero sí el primero que ha tomado esa iniciativa en Europa, y el primer caso internacional en ganar la partida.
“El caso es paradigmático– explica Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente –. En primer lugar, un Estado es obligado por un Tribunal a aumentar su nivel de ambición climática en un 5% más, como mínimo, del que se había marcado para el año 2020. Y esto se basa en las consecuencias que el cambio climático tiene en derechos fundamentales, como el derecho a la vida, recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Supremo argumenta su decisión basándose en los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) y en el derecho internacional, concretamente en la Convenion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”.
La sentencia abre las puertas a que la ciudadanía denuncie a sus gobiernos por no actuar contra el cambio climático.
“Además, la decisión de un tribunal tiene consecuencias de carácter jurídico, por lo que el Gobierno de los Países Bajos deberá tomar medidas para alcanzar ese compromiso", advierte la abogada española, quien argumenta que se abren muchas posibilidades para que la ciudadanía pueda impulsar los cambios necesarios para denunciar a sus Gobiernos.
“Antes [del caso Urgenda] la reducción de las emisiones era una cuestión de voluntad política -asegura van Berkel.- Pero ahora es una cuestión legal. Existe una obligación. Esto significa que los países tienen que tomarse muy en serio las políticas contra el cambio climático. Además, es un valioso precedente para proteger los derechos de los ciudadanos. Aquellos que crean que se están violando sus derechos fundamentales tendrán la posibilidad de acudir a los tribunales para reclamar su derecho a sus respectivos Gobiernos. Es una gran oportunidad”.
“Antes la reducción de las emisiones era una cuestión de voluntad política. Ahora es una cuestión legal" explica Denis van Berkel, asesor jurídico de Urgenda
¿Puede un ciudadano denunciar al Gobierno?
“El Gobierno está obligado a cumplir por ley. Hasta ahora ha manifestado su voluntad de acatar la sentencia, pero todavía no han tomado medidas Esperamos que se pongan manos a la obra lo antes posible. Es lo que se espera en Estado de derecho” apunta van Berkel. “Si la sentencia no se acata, las partes en el litigo pueden pedir su ejecución. Es decir, Urgenda y resto de demandantes podría pedir la ejecución de esta sentencia. En este caso, como se basa en la protección de derechos fundamentales, cualquier residente en los Países Bajos podría acudir a un tribunal por vulneración de esos derechos si el Estado no adopta las medidas para aumentar el nivel de ambición en un 5%”, sentencia Ana Barreira.
“La base de la decisión del Tribunal Supremo de Holanda es que la reducción insuficiente de las emisiones de gases de efecto invernadero es una violación de los derechos humanos regulada en la Carta Europea de los Derechos Humanos, un tratado ratificado por casi 50 países europeos, entre ellos, todos los países de la Unión -puntualiza van Berkel-. El Tribunal Supremo ha sido el primero en resolver que el cambio climático es una amenaza para el derecho a la vida."
Consecuencias legales en la Unión Europea
Aunque la resolución solo es vinculante en los Países Bajos, es muy convincente como caso de referencia para otros tribunales europeos, pues los efectos del cambio climático son los mismos en distintos países, y las obligaciones de la Carta Europea de Derechos Humanos son aplicables en toda la Unión, de lo que se deduce que todos los países comunitarios deberían aplicarla.
Para Barreira, las instituciones europeas podrían incluso superar ese lindar exigido por el alto tribunal holandés. “Antes de la sentencia de casación, durante la COP25, la UE presentó la hoja de ruta del Pacto Verde o Green Deal, en la que aumentaban las exigencias adoptadas para 2030 del 40 al 50% [con respecto a las emisiones de 1990].
"La reducción insuficiente de las emisiones de gases de efecto invernadero es una violación de los derechos humanos", Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente
Además cabe recordar que la declaración de emergencia climática del Parlamento Europeo en noviembre de 2019 ha pedido una reducción incluso mayor, del 55%”, concluye la abogada, quien apunta asimismo que a finales de marzo de 2020 la Comisión Europea tiene previsto presentar una propuesta de ley climática que se traducirá en una directiva (la fórmula comunitaria que obliga a los Estados a adoptar leyes vinculantes) o un reglamento en el que se aborde el objetivo de neutralidad climática (cero emisiones) para 2050. Dicho de otro modo, es posible que la Unión Europea de un paso en firme para obligar a sus estados miembros a comprometerse por ley, del mismo modo que desde diciembre está obligado el Gobierno de Países Bajos, a reducir de forma más que considerable las emisiones.
Efecto Dominó
Más allá de las consecuencias directas sobre los ciudadanos neerlandeses, la sentencia podría ser el punto de partida para una mayor exigencia a los países contaminantes. “La inacción de los Gobiernos parece ser el resultado del sistema político en en el que vivimos, donde los políticos toman decisiones a muy corto plazo. En esa dinámica tan cortoplacista, nuestros gobernantes solo están interesados en en el hoy, no en el mañana", explica van Berkel. "Por ello creemos que que esta sentencia sirve para obligar a que todos Gobiernos que durante tanto tiempo han dicho que son conscientes del problema pero que no han hecho nada se vean forzados a tomar todas esas acciones que hasta ahora han sido incapaces de llevar a cabo”.
"La inacción de los Gobiernos es el resultado del sistema político en el que vivimos. Los gobernantes toman decisiones a muy corto plazo". Denis van Berkel, asesor jurídico de Urgenda
Un nuevo ordenamiento jurídico
La manera en que los estados recogerán este nuevo enfoque es toda una incógnita. Si organizaciones internacionales como la ONU o la Unión Europea declaran que la contaminación atmosférica es una vulneración a los derechos humanos, los Estados tendrán muy poco margen para evadir sus responsabilidades. “Muchos países, como Chile o México, ya tienen reconocido el derecho a un medio ambiente adecuado como un derecho fundamental en sus Constituciones. Incluso Ecuador reconoce plenamente a la naturaleza como titular de derecho”, apunta Ana Barreira.
Quizá sea esa precisamente la clave. Urgenda ha demostrado que se una exigencia puede convertirse en una resolución vinculante. Ya sabemos que el cambio climático no es ninguna broma, por lo que, para combatirlo con efectividad, nada mejor que la ley, ante la que ya no valen excusas.
via Sergi Alcalde https://ift.tt/Th1rziM
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